Auditor jurídico es el magistrado del Ministerio Público/EMP que desempeña funciones de consulta y de apoyo jurídico al Ejecutivo, al Parlamento y a los Representantes de la República para las regiones autónomas (artículos 44.1, 45.1, Estatuto del Ministerio Público [1]/EMP).

Se trata de un cargo de proveimiento facultativo.

Los auditores jurídicos son nombrados en comisión de servicio por el Consejo Superior del Ministerio Público [2], entre procuradores generales adjuntos [3] o, por promoción, entre procuradores de la República [4] (artículos 27a), 44.2, 124, EMP).

Intervienen en las sesiones del Consejo Consultivo de la Procuraduría General de la República [5], con derecho a voto, cuando se trate de discutir consultas relativas a la Asamblea de la República o a Ministerios en que ejerzan funciones (artículo 45.2, 3 y 4, EMP).

Pueden acumular sus funciones con las que les sean distribuidas por el Procurador General de la República [6] en el ámbito de las atribuciones del MP que, por ley, no pertenecen a órganos propios (artículo 44.3, EMP).

Los gastos con los auditores jurídicos son soportados por partidas propias del presupuesto del Ministerio de Justicia (artículo 44.4, EMP).