Con arreglo a la Ley 64/93, de 26 de agosto [1] (Régimen jurídico de incompatibilidades e impedimentos de los titulares de cargos políticos y altos cargos públicos), compete a la Procuraduría General de la República ejercer la fiscalización del régimen jurídico de incompatibilidades e impedimentos de titulares de altos cargos públicos.

Tal y como resulta del texto, dichos titulares han de presentar a esta entidad fiscalizadora, en los 60 días posteriores a la tomada de posesión, una declaración de inexistencia de incompatibilidades o impedimentos, en donde consten todos los elementos necesarios a la verificación de lo dispuesto en la ley, en particular, la enumeración de todos los cargos, funciones y actividades profesionales ejercidas, así como de cualesquiera participaciones sociales poseídas (artículos 11 y 10, apartado 1).

En virtud de dicho texto, así como de la Ley 2/2004, de 15 de enero [2] [Estatuto del personal dirigente de los servicios y organismos de la administración central, regional y local del Estado], del Decreto-Ley 71/2007, de 27 de marzo [3] [Estatuto del gestor público], del Decreto Legislativo Regional 12/2008/A, de 19 de mayo [4] [Estatuto del gestor público regional (de las Azores)] y del Decreto Legislativo Regional 12/2010/M, de 5 de agosto [5] [Estatuto del Gestor Público de las Empresas Públicas de la Región Autónoma de Madeira], están obligados a la entrega de una declaración de inexistencia de incompatibilidades o impedimentos, en particular, los:

• Miembros en régimen de permanencia y a tiempo completo de una entidad pública independiente prevista en la Constitución o en la ley
   
• Titulares de cargos de dirección superior de la administración central, local y regional del Estado y asimilados
   
• Titulares de los órganos de gestión o administración de empresas integrantes de los sectores empresariales del Estado, regionales y locales
   
• Miembros de los consejos directivos de institutos públicos
   
• Miembros de las autoridades reguladoras independientes
   
• Miembros de los consejos directivos de fundaciones públicas