1. La apostilla se aplica a los documentos públicos emitidos en el territorio de un Estado que forma parte del Convenio [2] por el que se Suprime la Exigencia de Legalización de los Documentos Públicos Extranjeros, hecho en La Haya, el 5 de octubre de 1961, y que deban ser presentados en el territorio de otro Estado contratante del mismo Convenio.

Se consideran documentos públicos los previstos en las letras a), b), c)  y d) del artículo 1 del Convenio. Es el caso de los emitidos por los siguientes servicios públicos:

• ayuntamientos
• notarías
• conservatórias de los registros
• establecimientos públicos de enseñanza
• juntas de freguesia
• ministerios
• tribunales

2. La apostilla puede también aplicarse a documentos expedidos por establecimientos privados de enseñanza, con tal de que estén observadas las siguientes formalidades:

• los documentos expedidos por establecimientos privados de enseñanza preescolar, básica y secundaria han de ser previamente autenticados por la Dirección General de los Establecimientos Escolares (Praça de Alvalade, nº. 12, Lisboa; Teléfono: 21 8433900; http://www.dgeste.mec.pt/ [3]);
• los documentos expedidos por establecimientos privados de enseñanza superior han de ser previamente autenticados por la Dirección General de Enseñanza Superior (Av. Duque D’Ávila, n.º 137, Lisboa; teléfono: 21 3126000; http://www.dges.mctes.pt/DGES/pt [4]).

3. Pueden apostillarse también los documentos de reconocimiento/certificación/autenticación efectuados por abogados y otros representantes legales (solicitadores) (debiendo, en estos casos, adjuntarse una fotocopia simple de la respectiva cédula profesional), por las juntas de freguesia, por las cámaras de comercio e industria y por los Correos de Portugal (CTT) (artículo 1, Decreto-Ley 28/2000, de 13 de marzo [5]); artículos 5, 6, Decreto-Ley 237/2001, de 30 de agosto [6]; artículo 38, Decreto-Ley 76-A/2006, de 29 de marzo [7]).