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Procuradora-Geral da República Lucília Gago
Al asumir el cargo de Procuradora General de la República, quisiera manifestar el verdadero orgullo de encabezar este proyecto común que es el Ministerio Público, reiterando la convicción de que, para llevar a buen puerto los cometidos atribuidos a esta magistratura, resulta imprescindible la...
12 oct 2018
Primeira Reunião da Cyber South Judicial Network
Tendrá lugar hoy y mañana en la Procuraduría-General de la República la primera reunión de la Cyber South Judicial Network. Es una red internacional de procuradores especializados en ciberdelito en los países de la región mediterránea.La reunión provino de una iniciativa del Consejo de Europa...
3 dic 2019
3ª reunião do Grupo de Trabalho de Peritos em Cooperação Internacional
Los pasados días 10, 11 y 12 de abril tuvo lugar, en Santiago de Chile, la 3ª reunión del grupo de trabajo de expertos en materia de cooperación internacional de la AIAMP.La reunión se centró en la temática de la cooperación informal en el ámbito de los distintos instrumentos de cooperación (...
16 abr 2019
Tras la reunión celebrada en Cartagena de Indias, en abril de 2018, dedicada parcialmente al tema de la extradición, el Grupo de Trabajo de Cooperación Judicial Internacional de la AIAMP elaboró una Guía Práctica de Extradición entre los Estados de Iberoamérica. Se trata de un manual con vocación...
13 feb 2019
En el día 10 de septiembre, al margen de la Sesión Solemne de Apertura del Año Judicial de España, la Fiscal General de la República de Portugal mantuvo una reunión bilateral con la Fiscal General de España, María José Segarra, en que se discutieron diversos temas de interés para los ministerios...
12 sep 2018

Ministerio Público

El Ministerio Público (MP) es un órgano constitucional con competencia para ejercer la acción penal, participar en la ejecución de la política criminal definida por los órganos de soberanía, representar al Estado y defender la legalidad democrática y los intereses que la ley determine (artículo 219.1, Constitución de la República Portuguesa/CRP).

Gozando de un estatuto propio, el MP está organizado como una magistratura procesalmente autónoma, en dos sentidos: en el de la no interferencia de otros poderes en su actuación y en el de su concepción como magistratura distinta, orientada por un principio de separación y paralelismo frente a la magistratura judicial (artículo 219.2, CRP; artículos 2.1 y 75.1, Estatuto del Ministerio Público/EMP). Esta autonomía se define por la vinculación a criterios de legalidad y objetividad y por la exclusiva sujeción de sus magistrados a las directivas, órdenes e instrucciones previstas en el EMP (artículo 2).

Aunque dotado de atribuciones que no son materialmente jurisdiccionales ni se limitan a las ejercidas por los tribunales, el MP es un órgano del poder judicial que participa con autonomía en la administración de la justicia.

Comúnmente más asociado con el ejercicio de sus atribuciones en el área penal, el MP se caracteriza por su poliformismo, distribuyéndose su actuación por campos muy variados. Sin perjuicio de otras funciones conferidas por ley, le corresponde, particularmente, dar cumplimiento a los deberes estatutarios recogidos en el artículo 3 del EMP:

— la representación del Estado, de las Regiones Autónomas, de las entidades locales, de los incapaces, de las personas desconocidas o inciertas y de los ausentes en ignorado paradero;

— la participación en la ejecución de la política criminal definida por los órganos de soberanía;

— el ejercicio de la acción penal orientada por el principio de la legalidad;

— el ejercicio del patrocinio de oficio de los trabajadores y sus familias en la defensa de sus derechos de carácter social;

— la defensa, en los casos previstos por la ley, de intereses colectivos y difusos; 

— la afirmación de la independencia de los tribunales, en la esfera de sus atribuciones, y el ejercicio de la función jurisdiccional de conformidad con la Constitución y las leyes;

— la promoción de la ejecución de las resoluciones de los juzgados y tribunales, para la que tuviere legitimidad;

— la dirección de la investigación criminal;

— la promoción y la realización de acciones de prevención criminal;

— la fiscalización de la constitucionalidad de los actos normativos;

— la intervención en los procesos que afectan al interés público;

— el ejercicio de funciones consultivas;

— la fiscalización de la actividad procesal de los órganos de policía criminal;