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Procuradora-Geral da República Lucília Gago
Al asumir el cargo de Procuradora General de la República, quisiera manifestar el verdadero orgullo de encabezar este proyecto común que es el Ministerio Público, reiterando la convicción de que, para llevar a buen puerto los cometidos atribuidos a esta magistratura, resulta imprescindible la...
12 oct 2018
En el día 10 de septiembre, al margen de la Sesión Solemne de Apertura del Año Judicial de España, la Fiscal General de la República de Portugal mantuvo una reunión bilateral con la Fiscal General de España, María José Segarra, en que se discutieron diversos temas de interés para los ministerios...
12 sep 2018
Se celebra hoy, en Eurojust, la reunión de lanzamiento de la European Judicial Cybercrime Network.Esta red, en la que está representado el Ministerio Público de Portugal, reúne a representantes de los Ministerios Públicos (en algunos casos, representantes judiciales) de los Estados Miembros de la...
24 nov 2016
Se divulga el Acuerdo de Cooperación entre la Procuraduría General de la República Portuguesa y la Fiscalía General de la República de Cuba, firmado hoy, en Lisboa.
12 oct 2016
Se divulga la Declaración conjunta firmada, en Lisboa, por los Procuradores y Fiscales Generales miembros de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP) y de la Comunidad de los Países de Lengua Portuguesa (CPLP), con motivo de la XXIV Asamblea General de la AIAMP y del XIV...
11 oct 2016

Ministerio Público

El Ministerio Público (MP) es un órgano constitucional con competencia para ejercer la acción penal, participar en la ejecución de la política criminal definida por los órganos de soberanía, representar al Estado y defender la legalidad democrática y los intereses que la ley determine (artículo 219.1, Constitución de la República Portuguesa/CRP).

Gozando de un estatuto propio, el MP está organizado como una magistratura procesalmente autónoma, en dos sentidos: en el de la no interferencia de otros poderes en su actuación y en el de su concepción como magistratura distinta, orientada por un principio de separación y paralelismo frente a la magistratura judicial (artículo 219.2, CRP; artículos 2.1 y 75.1, Estatuto del Ministerio Público/EMP). Esta autonomía se define por la vinculación a criterios de legalidad y objetividad y por la exclusiva sujeción de sus magistrados a las directivas, órdenes e instrucciones previstas en el EMP (artículo 2).

Aunque dotado de atribuciones que no son materialmente jurisdiccionales ni se limitan a las ejercidas por los tribunales, el MP es un órgano del poder judicial que participa con autonomía en la administración de la justicia.

Comúnmente más asociado con el ejercicio de sus atribuciones en el área penal, el MP se caracteriza por su poliformismo, distribuyéndose su actuación por campos muy variados. Sin perjuicio de otras funciones conferidas por ley, le corresponde, particularmente, dar cumplimiento a los deberes estatutarios recogidos en el artículo 3 del EMP:

— la representación del Estado, de las Regiones Autónomas, de las entidades locales, de los incapaces, de las personas desconocidas o inciertas y de los ausentes en ignorado paradero;

— la participación en la ejecución de la política criminal definida por los órganos de soberanía;

— el ejercicio de la acción penal orientada por el principio de la legalidad;

— el ejercicio del patrocinio de oficio de los trabajadores y sus familias en la defensa de sus derechos de carácter social;

— la defensa, en los casos previstos por la ley, de intereses colectivos y difusos; 

— la afirmación de la independencia de los tribunales, en la esfera de sus atribuciones, y el ejercicio de la función jurisdiccional de conformidad con la Constitución y las leyes;

— la promoción de la ejecución de las resoluciones de los juzgados y tribunales, para la que tuviere legitimidad;

— la dirección de la investigación criminal;

— la promoción y la realización de acciones de prevención criminal;

— la fiscalización de la constitucionalidad de los actos normativos;

— la intervención en los procesos que afectan al interés público;

— el ejercicio de funciones consultivas;

— la fiscalización de la actividad procesal de los órganos de policía criminal;