El Tribunal de Cuentas es el supremo órgano de fiscalización de la legalidad de los gastos públicos y de enjuiciamiento de las cuentas que le sean sometidas por mando de la ley, correspondiéndole ejercer, en particular, las funciones previstas en el artículo 214.1 de la Constitución de la República Portuguesa.

Tiene jurisdicción y poderes de control financiero en el ámbito del orden jurídico portugués, tanto en el territorio nacional como en el extranjero (artículo 1.2, Ley de Organización y Proceso del Tribunal de Cuentas/LOPTC).

Con sede en Lisboa, tiene secciones regionales en las Regiones Autónomas de Açores y de Madeira establecidas, respectivamente, en Ponta Delgada y en Funchal (artículo 3.1 y 2, LOPTC).

En el Tribunal de Cuentas, el Ministerio Público está representado: en la sede, por el Procurador General de la República que puede hacerse coadyuvar y reemplazar por el Viceprocurador General de la República y por Procuradores Generales Adjuntos, ejerciendo éstos últimos los cargos en comisión de servicio; en las secciones regionales, por el magistrado designado, al efecto, por el Procurador General de la República (artículos 8.1a), 19.1b), 20, 172, Estatuto del Ministerio Público/EMP; 29.1 y 2, LOPTC).

La coordinación de la representación del MP en el Tribunal de Cuentas está asegurada por uno de los procuradores generales adjuntos, designado cada dos años por el Procurador General de la República (artículo 20.3, EMP).

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