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Procuradora-Geral da República Lucília Gago
Al asumir el cargo de Procuradora General de la República, quisiera manifestar el verdadero orgullo de encabezar este proyecto común que es el Ministerio Público, reiterando la convicción de que, para llevar a buen puerto los cometidos atribuidos a esta magistratura, resulta imprescindible la...
12 oct 2018
Semana do Ministério Público de Minas Gerais – 200 anos de independência do Brasil
La Procuraduría General de la República participa en la Semana del MP de Minas Gerais, que se realiza entre el 12 y el 18 de septiembre de 2022.Estos días, que coinciden con la conmemoración de la independencia de Brasil, buscan explorar el tema de la proximidad entre Brasil y Portugal, así como...
15 sep 2022
Reunião de Trabalho – Gabinete Cibercrime/Ministério Público de Moçambique
Una reunión de trabajo entre la Oficina Ciberdelito y una delegación del Ministerio Público de Mozambique tuvo lugar hoy en la Procuraduría General de la Repúblico, a pedido de Mozambique.Este encuentro se enmarcaba en una visita de trabajo de magistrados mozambiqueños a Portugal, para intercambiar...
17 mayo 2022
Accountability e Democratização das Instituições - Prevenção da Fraude
La prevención del fraude con fondos europeos es el tema central del evento “Rendición de cuentas y democratización de las instituciones - Fraud Prevention”, que tuvo lugar el 8 de octubre, en las instalaciones de Nova SBE, en Carcavelos.Se trata de un evento para dar a conocer los proyectos...
9 oct 2021
3.ª Reunião do Fórum Cibercrime CPLP
La 3a Reunión del Foro Ciberdelito tuvo lugar el 2 de julio de 2021, por videoconferencia – se trata del foro de Fiscales de habla portuguesa (es una red de magistrados del Ministerio Público de todos los países de la CPLP, dedicada al intercambio de experiencias y buenas prácticas en la lucha...
23 ago 2021

Ministerio Público

El Ministerio Público (MP) es un órgano constitucional con competencia para ejercer la acción penal, participar en la ejecución de la política criminal definida por los órganos de soberanía, representar al Estado y defender la legalidad democrática y los intereses que la ley determine (artículo 219.1, Constitución de la República Portuguesa/CRP).

Gozando de un estatuto propio, el MP está organizado como una magistratura procesalmente autónoma, en dos sentidos: en el de la no interferencia de otros poderes en su actuación y en el de su concepción como magistratura distinta, orientada por un principio de separación y paralelismo frente a la magistratura judicial (artículo 219.2, CRP; artículos 2 y 96.1, Estatuto del Ministerio Público/EMP). Esta autonomía se define por la vinculación a criterios de legalidad y objetividad y por la exclusiva sujeción de sus magistrados a las directivas, órdenes e instrucciones previstas en el EMP (artículo 3.2).

Aunque dotado de atribuciones que no son materialmente jurisdiccionales ni se limitan a las ejercidas por los tribunales, el MP es un órgano del poder judicial que participa con autonomía en la administración de la justicia.

Comúnmente más asociado con el ejercicio de sus atribuciones en el área penal, el MP se caracteriza por su poliformismo, distribuyéndose su actuación por campos muy variados. Sin perjuicio de otras funciones conferidas por ley, le corresponde, particularmente, dar cumplimiento a los deberes estatutarios recogidos en el artículo 4 del EMP:

— defender la legalidad democrática;

— la representación del Estado, de las Regiones Autónomas, de las entidades locales, de los incapaces, de las personas desconocidas o inciertas y de los ausentes en ignorado paradero;

— la participación en la ejecución de la política criminal definida por los órganos de soberanía;

— el ejercicio de la acción penal orientada por el principio de la legalidad;

— realizar actividades de investigación y prevención que, dentro del alcance de sus competencias, sean responsables de llevar a cabo o promover, asistidos, cuando sea necesario, por los cuerpos de la policía criminal;

— iniciar acciones en litigios administrativos para defender el interés público, los derechos fundamentales y la legalidad administrativa;

— el ejercicio del patrocinio de oficio de los trabajadores y sus familias en la defensa de sus derechos de carácter social;

— la defensa, en los casos previstos por la ley, de intereses colectivos y difusos;

— asumir, de conformidad con la ley, la defensa y promoción de los derechos e intereses de los niños, jóvenes, ancianos, adultos con capacidades reducidas y otras personas especialmente vulnerables;

— la afirmación de la independencia de los tribunales, en la esfera de sus atribuciones, y el ejercicio de la función jurisdiccional de conformidad con la Constitución y las leyes;